¿Que el candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, haya confirmado que, en caso de ganar las elecciones en octubre, los productores agropecuarios deberán pagar el Impuesto de Primaria puede ser decisivo en el voto de los ruralistas?. ¿O tendrán en cuenta otras medidas vinculadas al agro y a la economía uruguaya? «El productor rural acostumbra votar al partido político que siempre siguió y es difícil que eso cambie», respondió a Campo un dirigente de la Asociación Rural (ARU), consultado sobre ese tema. En el último tramo de la campaña electoral, los candidatos de los distintos sectores políticos intentan convencer a los votantes y la Expo Prado, que congrega a los principales actores de la agropecuaria local y a miles de visitantes, es un escenario propicio para lograr ese objetivo. En ese marco, mañana (viernes 12), en el galpón de eventos y ventas del predio de exposiciones de la Rural, las gremiales empresariales (Cámara Mercantil, Federación Rural, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio y Servicios y la ARU) plantearán una serie de preguntas a los cuatro candidatos presidenciales —Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Vázquez (FA)—, que deberán responder en ese orden alfabético. Durante los últimos días varias asociaciones rurales transmitieron a los candidatos sus propuestas para el próximo gobierno que asumirá en marzo de 2015. Los principales temas de preocupación de las gremiales del agro pasan por la política tributaria, la pérdida de competitividad, la educación, la seguridad, la legislación laboral rural, la competitividad empresarial y la infraestructura. El martes 2, Vázquez participó por primera vez de un encuentro con el Consejo Directivo de la Federación Rural (FR), en la sede de esa gremial en la calle 18 de Julio. En una reunión de más de dos horas el candidato frenteamplista y ex presidente de la República reafirmó la intención de cobrar el Impuesto de Primaria. «Hemos hecho un cálculo aproximado de que si se tuviera que pagar lo que se pagaba cuando se dejó de pagar estaría en unos 25 millones de dólares anuales, lo que representaría en este caso que los productores que tuvieran más de 200 hectáreas tendrían que pagar un dólar con 20 centavos por hectárea por año», detalló Vázquez a los ruralistas. Ese día el titular de la FR, Carlos María Uriarte, les planteó a Vázquez y a sus asesores las principales preocupaciones de los productores, a los que el precandidato y sus asesores respondieron punto a punto, al tiempo que anunciaron la creación de una policía comunitaria rural para combatir el abigeato. En ese mismo encuentro, Vázquez anunció que no derogará ninguna de las leyes que la ARU y la FR cuestionan vinculadas al Impuesto al Patrimonio en el agro, la Responsabilidad Penal Empresarial, la Minería de Gran Porte, la Inclusión Financiera y la Responsabilidad Laboral en el Proceso de Descentralización Empresarial. También el martes 2, en el marco de un foro cooperativo, las Cooperativas Agrarias Federadas presentaron un documento con propuestas programáticas a los representantes de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Entre los principales planteos de esa gremial, que nuclea a unas 24 cooperativas y unos 13.000 productores, figuran las políticas anticíclicas del Estado, el rechazo de mayores impuestos sobre la tierra, políticas de incentivo a la innovación, el uso responsable del suelo, la adaptación al cambio climático, el fomento del riego y la conformación de un fideicomiso cofinanciado por el gobierno, las Intendencias y el sector privado para invertir en obras de infraestructura. En ese foro participaron Raúl Sendic, por el FA, Jorge Larrañaga, por el Partido Nacional, Fernando Mattos, por el Partido Colorado, y Pablo Mieres, por el Partido Independiente. Esos cuatro políticos coincidieron en que uno de los problemas más importantes para el desarrollo agropecuario y económico del país es la falta de mantenimiento y obras de infraestructura. «El que rompe ya paga; el problema es que el que recauda no arregla», criticó Larrañaga, en alusión a algunas propuestas del gobierno basadas en que el que rompe las rutas y caminos rurales debería pagar para financiar las inversiones en ese sector.