Desde hace tiempo la posición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) es que “no es bueno agregar para cada caso un impuesto más”, destacó a El Observador el presidente de la gremial, Rubén Echeverría, en relación al planteo del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, de crear una tasa que se aplique al uso de las carreteras.Por su parte, el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Daniel Vago, dijo que en una emergencia se sale con medidas de emergencia, pero que el tema de fondo se ataca con una visión a largo plazo.
Y para ello CAF le presentó el año pasado al presidente José Mujica una propuesta para crear un fideicomiso con el aporte de todos los interesados y con la participación privada en la gestión de ese mecanismo.Echeverría explicó que lo más lógico es obtener los recursos de Rentas Generales, donde el gobierno recauda US$ 15.000 millones y debería destinar un porcentaje para el mantenimiento de la caminería departamental y vecinal. Admitió que en esta coyuntura los destrozos han abarcado también a las rutas nacionales, pero también sostuvo que “durante años no se ha hecho nada”.
Echeverría dijo que no está de acuerdo que se aplique al agro más impuestos y recordó que aporta al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), además del Impuesto al Patrimonio que tiene que destinarse para financiar la caminería general del país.
“Pero además el sector agropecuario está teniendo problemas de competitividad por los elevados costos y sabemos que los fletes de Uruguay son los más caros medidos a nivel internacional. Hay productores, por ejemplo de Cerro Largo y Treinta y Tres, que dependen del precio de la soja para encarar el cultivo, porque solo de flete tiene un costo a Nueva Palmira de US$ 100 la tonelada. Entonces no es posible seguir poniéndole impuestos al flete. Lo bueno sería generar que el productor pueda producir más y así el gobierno recauda más”.
Vago recordó que CAF había planteado crear un fideicomiso con participación de todos los sectores involucrados y que estaban dispuestos a aportar recursos mediante la tasa que se establezca, junto a los aportes del Poder Ejecutivo y de las intendencias. “Pero en un fideicomiso blindado, donde la plata vaya destinada exclusivamente a atender las obras de infraestructura”, concluyó.